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La NCG demandada por la Fiscalía

La acumulación incesante de casos, fue quien obligó a la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) a ir marcando nuevos plazos para la demanda civil colectiva con la que el polémico caso de la venta de preferentes en las cajas gallegas desembarca en los tribunales.

La intención era formalizarla a finales de junio, lo que indirectamente permitía también cierto margen de maniobra para que el banco heredero del negocio, y de la responsabilidad, pudiera buscar una salida, esto fue en un principio pero finalmente la denuncia ya se presentó en los juzgados de A Coruña, donde está la sede social de la entidad.

Más de 60 folios de expediente, que resumen las supuestas malas prácticas en la comercialización de este tipo de productos y también de obligaciones subordinadas en alrededor de 1.700 afectados. La clave está en las cláusulas abusivas que podrían derivarse de la falta de información a los ahorradores.

Esta misma demanda civil de acción colectiva por el problema ocasionado por las participaciones preferentes y las obligaciones subordinadas perpetuas, de las que se estima que hay 43.000 clientes afectados por un volumen de 961.598.475 millones de euros.

El contenido íntegro de la demanda fue dado por el propio fiscal superior de la Comunidad, Carlos Varela, después de que la presentación de la misma sufriera retraso con respecto a las previsiones iniciales.

En la elaboración de la demanda civil la Fiscalía ha analizado contratos aportados por el Instituto Galego de Consumo, por la Fiscalía de Pontevedra -que abrió diligencias informativas en febrero- y por la Asociación de Consumidores de Banca (Adicae).
Y es que hace dos años, la Fiscalía General del Estado remitió un decreto a todas las fiscalías para que se personasen en materia de consumo cuando se viera afectado un colectivo amplio de personas, como es el caso de las participaciones preferentes concedidas por la entidad gallega.

La NCG, por su parte lo que hace es seguir a la espera de una autorización por parte de Bruselas que le permita aprobar cualquier solución que sea diferente del pago de estas participaciones al precio del mercado actual, una salida que los afectados consideran insuficiente.

Además, fuentes de la Superior de Galicia apuntan que los afectados por estos productos en la Comunidad -que los hayan contratado en otras entidades financieras- deberán dirigirse a la Fiscalía General del Estado.

Es necesario tener en cuenta que hace dos años, la Fiscalía General del Estado remitió a todos los representantes del Ministerio Público españoles una circular que les instaba a impulsar demandas de consumo cuando existiera un “colectivo amplio” de damnificados.

Para entender el tema, La demanda civil colectiva busca que el juez reconozca la existencia de una mala praxis bancaria por parte de Novagalicia. Que la desinformación entre la clientela que adquirió preferentes y obligaciones subordinadas sea considerada una cláusula abusiva para que todos los afectados que estén en esa situación -Varela mencionó expresamente a colectivos especialmente complicados, como los jubilados- puedan beneficiarse, solicitar la anulación de los contratos y la recuperación de su dinero.

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